Los líderes sindicales de San Diego unieron fuerzas con representantes del sector empresarial para exigir una solución a los retrasos en la renovación del programa DACA, al advertir que cientos de beneficiarios podrían perder sus empleos mientras esperan la autorización para seguir trabajando legalmente en Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa, organizaciones laborales, empresarios y autoridades señalaron que los tiempos de procesamiento por parte de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se han extendido durante meses, una situación que afecta tanto a los trabajadores como a las empresas.
Líderes sindicales exigen agilizar el proceso
El congresista Scott Peters afirmó que su oficina recibe actualmente entre dos y tres veces más solicitudes relacionadas con asuntos migratorios que en años anteriores.
El legislador recordó que las personas beneficiarias de DACA deben renovar su autorización cada dos años mediante un proceso que incluye el pago de tarifas, la entrega de datos biométricos y una verificación de antecedentes.
Peters criticó que los llamados «Dreamers» se hayan convertido en un tema de confrontación política y sostuvo que quienes forman parte del programa cumplen con requisitos como estudiar, trabajar o servir en las Fuerzas Armadas, además de mantener un historial limpio ante la ley.
Por su parte, USCIS ha sostenido que realiza revisiones más exhaustivas de las solicitudes para proteger al país y reiteró que DACA no otorga un estatus migratorio legal permanente.
Empresas advierten pérdidas económicas
Durante el encuentro, una beneficiaria identificada como Ana relató que solicitó la renovación de su DACA varios meses antes de su vencimiento, pero la autorización no llegó a tiempo.
Como consecuencia, perdió el empleo que desempeñó durante casi una década, además de acciones y bonificaciones con un valor aproximado de 25,000 dólares. También explicó que su empleador solo pudo reservar su puesto durante 90 días antes de darlo por terminado.
Representantes empresariales señalaron que estas demoras generan problemas operativos para pequeños negocios que dependen de trabajadores capacitados, mientras que dirigentes sindicales destacaron que los afectados desempeñan funciones esenciales como personal médico, educadores, bomberos, investigadores, trabajadores sociales y empleados de la construcción. Aunque Ana recibió recientemente la notificación de aprobación de su renovación, todavía espera su nueva tarjeta para poder buscar empleo nuevamente y reconstruir la carrera profesional que perdió durante el retraso administrativo.
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